Venezuela promulga nueva Ley Penal del Ambiente

June 2012 Authors: Bernardo Wallis, Gustavo A. Mata M.

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Introducción

El 2 de Mayo de 2012 se publicó la nueva Ley Penal del Ambiente (la “Nueva Ley”) en Gaceta Oficial No. 39.913, derogando a su predecesora la Ley Penal del Ambiente de 1992 (la “Ley Derogada”). A continuación resumimos los cambios incorporados por la Nueva Ley y sus efectos sobre la regulación ambiental vigente en Venezuela.

Aspectos Generales

La Ley Penal del Ambiente tipifica y sanciona todos aquellos delitos que afecten negativamente al ambiente y a los recursos naturales. La Nueva Ley aplica para individuos y personas jurídicas y establece diferentes penas dependiendo de si los delitos contra el ambiente son cometidos por personas naturales o jurídicas. Esta distinción entre sujetos penales y la regulación separada para cada uno de ellos es una de las innovaciones de la Nueva Ley que no estaba incluida en la Ley Derogada.

Una característica interesante de la Nueva Ley, que también se encontraba incluida en la Ley Derogada, es el hecho de que permita el procesamiento en Venezuela de delitos cometidos extraterritorialmente (entiéndase, cometidos fuera del territorio venezolano), siempre que los daños y riesgos del hecho tipificado ocurran en Venezuela. En estos casos, la investigación la inicia el Ministerio Público y no está permitido intentar acción legal dos veces por la misma causa (ne bis in idem).

Probablemente uno de los cambios más relevantes de la Nueva Ley es que modifica y agrava las penas que estipulaba la Ley Derogada. Por ejemplo, la Ley Derogada incluía trabajo comunitario como una sanción aplicable a las personas naturales; bajo la Nueva Ley, la persona natural que cometa crímenes contra el ambiente sólo podrá ser penada con multa o prisión.

De manera similar, se han incluido nuevas penas para personas jurídicas en la Nueva Ley, como el desmantelamiento de sus instalaciones, establecimiento o construcción, o incluso la disolución de la persona jurídica. Estas penas pueden venir acompañadas de sanciones accesorias como el cierre temporal o permanente del establecimiento. Adicionalmente, aparte de las sanciones de carácter penal que se impongan a quienes cometan delitos, los jueces también analizarán la responsabilidad civil que surja de las acciones que dañen al ambiente y podría ordenar el pago de los daños y perjuicios causados, así como cualquier otra medida reparatoria que el juez considere apropiada.

Algunas de las nuevas penas, como la disolución de la persona jurídica, son notoriamente curiosas, y a nuestro conocer, no han sido usadas antes en instrumentos legales de Venezuela. Otras de las penas nuevas, como el desmantelamiento de las instalaciones o el cierre permanente del establecimiento parecen bastante severas y pudieran inclusive ser ordenadas por jueces cuando lo consideren necesario como medidas preventivas o cautelares. La naturaleza de estas sanciones despierta preocupaciones con respecto al hecho de que bastaría con que un juez sospeche de un acto desfavorable al ambiente para que éste ordene alguna de estas medidas preventivas, lo cual podría transformar estas preocupaciones en serios problemas.

También es importante resaltar que aun cuando las personas jurídicas sean consideradas sujetos de la Nueva Ley y que sean perfectamente responsables para ser sancionados por violarla, esto no descarta la posibilidad de encontrar un fallo dónde sus directores o dueños también sean penalmente sancionados, si el Tribunal determina que éstos estaban involucrados de alguna manera con la comisión de dichos actos delictivos.

A continuación analizaremos en detalle todos tipos penales contra el ambiente que han sido establecidos en la Nueva Ley y proveeremos brevemente al lector con información sobre las penas para todos los tipos de delitos que están incluidos en la Nueva Ley.

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Delitos contra el ambiente

La Nueva Ley contiene un importante número de delitos contra el ambiente que son clasificados en ocho grupos, lidiando específicamente con: delitos contra la administración ambiental; delitos contra la planificación territorial; delitos por omisión de evaluaciones de impacto ambiental; delitos contra la diversidad biológica; delitos por alteración, deterioro y daño a las aguas; delitos por la alteración, deterioro y daño de los suelos, topografía y paisajes naturales; delitos concernientes la alteración, deterioro y daño de la vegetación, fauna o su habitad; y delitos en contra de la calidad ambiental.

Como se evidenciará adelante, los ocho grupos de delitos están relacionados con permisos y autorizaciones que deben ser otorgadas por las autoridades ambientales para llevar las actividades ahí descritas.

Delitos contra la administración ambiental

Este primer grupo estipula los delitos contra la administración ambiental, que se refiere a las penas estipuladas para funcionarios públicos que autorizan actividades prohibidas o de cualquier forma obstruyan el sistema de administración ambiental. En este primer grupo también se pena a toda persona o entidad que provea información falsa a las autoridades ambientales con el fin de obtener los permisos para actividades reguladas por la Nueva Ley.

De esta manera que, cuando tratando con la administración ambiental de Venezuela, los individuos y personas jurídicas deben ser cautelosos en revisar la exactitud de la información que se provea a la administración, siempre que la Nueva Ley penaliza a los infractores incluso si estos no tuvieran la intención de violar la ley.

Delitos contra la planificación territorial

El segundo grupo de tipos penales trata aquellas acciones que afectan negativamente la planificación territorial, entre ellas la contravención de planes territoriales, la ocupación ilegal de áreas naturales protegidas, la modificación o destrucción de propiedad o terrenos protegidos, y la construcción en un área de prohibida edificación. Exactamente qué se considera un área de prohibida edificación o una propiedad protegida no está incluido en la Nueva Ley, y queda a las administraciones regionales o futura regulación de la Nueva Ley clarificar esto. Aun así, la Nueva Ley es clara en establecer que quien cometa alguno de estos delitos será penalizado con sanciones de hasta dos años de prisión o multas de hasta 2.000 Unidades Tributarias.

Delitos contra la diversidad biológica

En su capítulo IV, la Nueva Ley se refiere a un grupo de delitos contra la diversidad biológica y establece una serie de acciones que son consideradas dañinas para los seres vivientes, y que afectan la rica diversidad biológica del ecosistema de Venezuela. Por ejemplo, la ley prohíbe el uso de jaulas flotantes, tanques o corrales para la cría y el cultivo de especies acuáticas exóticas sin los permisos apropiados; o el uso de ecosistemas para la preparación de armas biológicas de cualquier tipo.

Más importante aún, la Nueva Ley criminaliza las actividades relacionadas con materiales genéticos que no estén debidamente autorizadas, como la transferencia o manipulación ilegal de material genético y de aquellos que puedan causar daños irreparables al ecosistema o sus componentes durante el curso de investigaciones científicas.

Delitos que involucran la alteración, deterioro y daño al agua

El capitulo V hace referencia a la alteración, deterioro y daño al agua. Aunque estas provisiones son muy similares a las de la Ley Derogada, este capítulo incluye supuestos de hecho adicionales que no estaban previstos en la Ley Derogada, como la prohibición contra la obstrucción de servicios de agua a centros poblados y la prohibición contra el uso de cantidades de agua excesivas que sobrepase lo permitido bajo normas técnicas.

Delitos que involucren la alteración, deterioro y daño al suelo

El Capítulo VI regula la alteración, deterioro y daño de los suelos, topografías y paisajes, y constituye una de las innovaciones de la Nueva Ley. El legislador incorporó prohibiciones como la de explotación o extracción de minerales no metálicos. Esta parte deja claro que sin la autorización apropiada no se podrá ejecutar ninguna extracción o explotación de minerales no metálicos. Otra medida incluida en este capítulo es la prohibición contra la degradación del suelo que pueda ser usado para propósitos agrícolas sin tener en consideración la evaluación de sus especificaciones agro-ecológicas, las reglas técnicas, o los planes ambientales emitidos por las entidades competentes.

De gran importancia notar, que en este capítulo se hace una referencia especial a la protección de las playas y su libre acceso. La cuestión de libre acceso a playas está especialmente dirigida hacia cualquier persona jurídica como los clubs, hoteles o industrias que de cualquier forma obstruyan el libre acceso a las playas. En este sentido, la Nueva Ley crea la obligación de quienes contravengan la norma de restablecer el libre acceso a todas las playas para peatones en un periodo de tiempo asignado por la autoridad competente.

Delitos que involucren la alteración, deterioro y daño a la vegetación, fauna o su hábitat

El Capítulo VII trata con delitos relacionados con la alteración, deterioro y daño a la vegetación, fauna o su hábitat, y es uno de los capítulos más importantes de la Nueva Ley. Este capítulo incorpora ciertas nuevas regulaciones; sin embargo, en esencia ambas la Ley Derogada y la Nueva Ley mantienen el mismo objeto y propósito.

Este capítulo, tanto en la Ley Derogada como en la Nueva Ley, se refiere a los delitos de caza, pesca y quema ilegal. No obstante, es la Nueva Ley la que trata el problema de autorizaciones forjadas para llevar a cabo dichas actividades. En este sentido, la mayoría de las regulaciones contemplan penas para aquellas personas, naturales o jurídicas, que forjen autorizaciones o documentos con la finalidad de desarrollar actividades de caza, pesca o quema.

La protección de la cadena alimenticia también está regulada en el capítulo VII, que estipula la prohibición de practicar o usar nuevas tecnologías que puedan afectar significativamente la cadena alimenticia de los ecosistemas.  Es interesante que el legislador use la palabra “significativamente” para determinar si se verifica una violación; el uso de este término abre la posibilidad de una interpretación amplia de qué puede constituir un delito usando tecnología que pueda dañar o afectar la cadena alimenticia, en vista de que no se define en la Nueva Ley.

Delitos contra la calidad ambiental

Finalmente, el Capítulo VIII se refiere a los delitos contra la calidad ambiental. Este capítulo se divide en seis secciones: envenenamiento, contaminación y otras acciones que puedan alterar la calidad del agua; envenenamiento, contaminación y otras acciones que puedan alterar la calidad de la atmosfera; desechos y desechos sólidos; substancias o materiales nocivos; materiales radioactivos; y finalmente contaminación sonora.

La sección I del capítulo VIII trata sobre el envenenamiento, contaminación y otras acciones que pueden alterar la calidad del agua. Una de las nuevas regulaciones es la restricción contra el envenenamiento de las aguas por disposición de desechos tóxicos, materiales no-biodegradables o bioquímicos que no han sido tratados correctamente siguiendo las normas especificas emitidas por la autoridad competente.  Si tal violación ocurre, quien la cometa será penado, pero además será responsable por la implementación de todos los recursos necesarios para detener la contaminación de las aguas. En la eventualidad de que las medidas preventivas sean insuficientes, la entidad competente ordenará que se detenga la actividad de la persona, sea natural o jurídica.

Este capítulo también hace referencia a la contaminación de las aguas durante el curso del transporte de petróleo. Específicamente incluye penas para el capitán de cualquier buque que esté sujeto a las regulaciones internacionales y lo hace responsable por la contaminación de las aguas. Los capitanes encontrados culpables de estos delitos podrían enfrentar hasta cinco años de prisión. La Nueva Ley es incluso más severa con aquellos propietarios de buques que por cualquier medio autoricen u ordenen la acción causante de la contaminación en el agua y lo pena con hasta 10 años de prisión.

La Sección II del Capítulo VII de la Nueva Ley se refiere a la contaminación y otras acciones que pueden alterar la atmosfera, requiriendo la instalación de los mecanismos necesarios para prevenir la contaminación atmosférica. La entidad competente estipulara un período para la implementación de estos mecanismos. De no implementarse los mecanismos, la autoridad competente clausurará la unidad, vehículo o industria donde se lleva a cabo la actividad.

La sección III del Capítulo VII se refiere a los desperdicios y desechos sólidos, e incluye nuevas normas que la Ley Derogada no incluía. En general, la Sección III implementa normas que prohíben la contaminación del suelo y el subsuelo enterrando o infiltrando residuos tóxicos.

La Sección IV, tipifica la contaminación por sustancias tóxicas y materiales que puedan causar epidemias o enfermedades a plantas o vegetales. Esta sección obliga a quien viole la norma a implementar todas las medidas posibles para prevenir este delito. La Nueva Ley también trata con el tema de materiales radioactivos. Específicamente, la Sección V del Capítulo VII establece que cada persona o entidad que tenga, importe, manufacture, transporte, distribuya, almacene, comercialice, transfiera gratuitamente, facilite la recepción, trafique o use para propósitos industriales, comerciales, científicos, médicos o cualquier otro propósito, aparatos o substancias capaces de emitir radiación electromagnética, radioactiva o iónica, que pueda causar daños a la salud humana o el ambiente en violación de las normas en la materia, será penado con prisión de hasta 3 años o una multa de 3.000 Unidades Tributarias.

Esta parte de la Nueva Ley también pena a las personas, naturales o jurídicas, que liberen energía nuclear, poniendo en peligro las vidas o propiedad de otros, con prisión de hasta 6 años o una multa de hasta 6.000 Unidades Tributarias. El tercero y último delito que trata sobre materiales radioactivos está relacionado con la alteración o perturbación de instalaciones o materiales nucleares, y puede ser sancionado con hasta 10 años de prisión o multa de 10.000 Unidades Tributarias.

Finalmente, la sección VI del Capítulo VII sanciona al propietario de establecimientos permanentes que generan ruido que debido a su intensidad, frecuencia o duración son capaces de causar daños o graves molestias a la gente. Las penas para este tipo de contaminación sónica pueden llegar a ser prisión de 6 meses o multas de 300 Unidades Tributarias, dependiendo de si el propietario de la fuente es una persona natural o jurídica.

Desacato a las sanciones impuestas en la Nueva Ley

Finalmente, es importante destacar que las personas naturales y jurídicas que hayan sido sancionadas con la prohibición de operar sus instalaciones, fábricas o plantas, y desacate dicha orden, serán sancionadas con hasta seis meses de prisión o una multa de hasta 6.000 Unidades Tributarias. Adicionalmente, a estas personas se les negarán nuevos permisos, autorizaciones, contratos o cualquier otro acto administrativo cuya finalidad sea la misma actividad de la cual se derivó el delito, por un periodo de un año después de que se haya cumplido la sanción.

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